Privatizando la educación
Wenceslao Vargas Márquez
Es frecuente que al señalamiento de que la educación pública se privatiza por causa de la reforma educativa se recurra al expediente fácil de caricaturizar esa privatización para ridiculizar y descalificar a los críticos. La caricatura fácil imagina a una escuelita rural con su letrero Se Vende y su respectivo signo de pesos. La realidad es que esa privatización marcha, marcha bien en función de la lucha por el mercado, y avanza por todas las áreas escolares, desde los alimentos hasta la contratación por honorarios. Primero los puntos débiles.
De las primeras áreas de la escuela pública que han ido a parar en áreas privadas vía la comida chatarra es la alimentación. Cuando hablamos de la alimentación, estamos hablando de una actividad que no ha podido resolver el Estado mexicano – ni podrá, a pesar de que esta promesa falsa viene engrapada al programa de las escuelas de tiempo completo. Promesa falsa que se traduce en una redonda mentira: no hay dinero para esto. Ahí está el caso del Jardín de Niños Juana Amelia Celis de la capital documentado en un medio de comunicación el domingo 27 de enero. ¿El Estado no puede? Se privatiza el área pública vía la comida chatarra privada.
Otra área que está privatizándose poco a poco es la de seguridad escolar. Ante la falta de recursos de los 33 gobiernos para dotar de vigilancia a las escuelas a través de personal pagado por las secretarías de educación se recurre a las empresas privadas de seguridad que mayoritariamente se encuentran fuera de la ley. Una nota de CNNExpansión en octubre de 2012 decía lo siguiente: “En México hay más de 8,000 empresas de seguridad privada, de las cuales 75% opera de manera irregular al contratar personal fuera de la ley, darse de alta como un giro comercial diferente, evadir impuestos o evitar el pago de derechos y certificados”.
Otra agencia noticiosa decía a principios de este año 2013: “La seguridad privada en México tiene un valor de mercado de 10 mil millones de pesos anuales con la operación de 8 mil 500 empresas, de las cuales 77 por ciento trabaja en la “clandestinidad e ilegalidad”, reveló el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP). El presidente de la organización empresarial de ese sector, Ricardo Torres Escoletto, afirmó que lo anterior constituye un riesgo más que una solución al problema de la inseguridad en el país”. En esas manos están nuestros niños, nuestros jóvenes y sus respectivas mochilas (mochilas que incluyen libros, libretas, sacapuntas y las toallas sanitarias de nuestras adolescentes, frecuentemente humilladas en el cateo). ¿Y el gobierno? Bien, gracias, disponiéndose a evaluar.
La tercer área que queremos anotar en esta brevísima relación de privatizaciones en marcha es el de la evaluación que mencionamos. El SNTE y sus dirigencias, de manera tibia y dispareja, han puesto su opinión acerca de la evaluación que se acepta pero no para cesar al trabajador. Consideramos que eso es lo correcto: evaluar para mejorar y no para cesar. ¿Pero quién hará la evaluación? ¿la SEP que por definición estará ajena al proceso por ser autónomo? No. ¿Lo hará el INEE con sus consejeros de manera que cada uno de ellos revise 250,000 expedientes personales? Por supuesto que no: lo que viene es la contratación y el festín de las empresas evaluadoras y certificadoras que ‘por una tarifa razonable’ evaluarán la permanencia de los maestros en su empleo. Es el caso grave de un Estado y su gobierno retirándose de áreas sustantivas del espacio público para dejarlo a los privados. Cada empresa evaluadora con su tajada del pastel y facturando miles de millones de pesos al año. No se busca mejorar la educación sino mejorar el negocio privado.
Por eso cuando se dice que el nuevo PRI impulsa la reforma educativa para privatizar o profundizar la privatización de la educación, no se falta a la verdad. Aquí hemos puesto en la lista ejemplos. Lo cierto, lo único cierto, es que la educación pública se privatiza. Con estos ejemplos anotados, no se vale decir que esta afirmación es falsa.
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