SEP-SNTE: SALARIOS INJUSTOS
Wenceslao Vargas
Márquez
Durante la
tercera semana de marzo de 2015 quedó concretada la última etapa de un acuerdo
de trascendencia para los asalariados privados del país que reglamentan su
relación laboral con el apartado A del art. 123 constitucional.
De sostener tres
distintos salarios nacionales en las zonas geográficas A, B y C, han logrado
eliminar dos para quedar todos en una sola, la A, que es la que paga más. Este
último paso se logrará a lo largo del año 2015.
Un primer paso
para cerrar la brecha se dará para avanzar la mitad del camino entre los $66.45
y $70.10 (i. e. la mitad de $3.65). La otra mitad de $3.65 se dará en octubre
del mismo 2015. El avance para el salario menor será de 5.49% que es superior a
la inflación oficial y que se logrará en pocos meses.
Dice el
comunicado de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos del reciente 19 de marzo: “Coincidimos en
sumar voluntades con el propósito de avanzar en la gradual reducción de las
diferencias entre las áreas geográficas del salario mínimo, hasta alcanzar uno
solo para todo el país, y con ello recuperar el poder adquisitivo de los
trabajadores especialmente de quienes menos ganan”.
Hay voceros del
sindicalismo oficial y no oficial que hablan de montos mínimos diarios de cien
pesos. La CTM de Quintana Roo pide cuadruplicar la zona A y que el salario
mínimo general sea de $280.40
Las resistencias
no se hacen esperar a pesar de los convenios. Un vocero de la Coparmex en
Yucatán dijo hace unas pocas horas:
“Hablaría de la imperante
necesidad de levantar el mercado interno, de mantener el orden y buen manejo
hasta ahora demostrado en las finanzas públicas del estado, de nuestra
exigencia de conducirse con austeridad en todos los niveles de gobierno por el
difícil panorama presupuestal que se avecina, así como de la impostergable
tarea de incrementar el poder adquisitivo de los yucatecos en función de la
productividad y no a través de salarios mínimos establecidos por decreto”.
Sean como sean
las aspiraciones de unos y otros el convenio ya está y a partir de octubre de
2015 los asalariados del apartado A del art. 123 constitucional habrán logrado
lo que el SNTE no ha podido en más de 30 años: unificar los equivalentes
salariales de las zonas I, II y III en una sola zona que deberá ser la zona
III.
La pregunta que
sigue debe ser: ¿Por qué los empleados de la SEP de Chuayffet no podemos
avanzar hacia la recuperación del poder adquisitivo de nuestro salario?
A mediados de
los años 90 Elba Esther Gordillo, recién llegada (1989) a la dirigencia
nacional del SNTE, logró la asimilación del tabulador I al tabulador II. La
asimilación del tabulador II al III ha seguido en espera por más de 20 años a
pesar de que hoy el SNTE vive en un “sindicalismo de servicios” desde la
aprehensión de Gordillo en febrero de 2013.
En esta materia
el “sindicalismo de servicios” no existe.
Paralelamente,
algo que quedó inconcluso fue el de que el piso del salario docente para plaza
inicial fuese de 6 salarios mínimos generales, tema que ya desde hace tiempo
quedó fuera del vocabulario del nuevo SNTE.
Los empleados
docentes y no docentes que trabajamos para la SEP de Emilio Chuayffet (CBTis,
CBTa, CETMar) tenemos, sufrimos, un diferencia salarial no del 5.49% sino una
mucho más amplia que promedia el 20% entre un tabulador y el otro, y no ha
habido poder humano ni político que cierre la brecha salarial que agobia
nuestro bolsillo.
Pronto llegará
la uniforme aplanadora del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE) a evaluar docentes y todo apunta a que no tomará en cuenta ni
siquiera la más elemental de las diferencias: las diferencias salariales que
aquí hemos apuntado con insistencia.
El INEE tampoco tomará
en cuenta el deteriorado parámetro internacional de bienestar personal que es
el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), que está aceptado por el gobierno mexicano a través de la
Secretaría de Desarrollo Social para otros efectos, no para matizar la inequidad
en la evaluación docente.
La evaluación
docente 2015 consumada así, pareja, sin matices, sin tomar en cuenta las
diferencias salariales o el índice de desarrollo será absolutamente injusta
pero ya es injusta desde que viola preceptos legales de que a un trabajo igual
corresponde un salario igual.
Urge que los más
altos representantes educativos, hacendarios, legislativos y sindicales del
país tomen en cuenta lo justo del reclamo.
Es imperativo
igualar a la alza los salarios docentes para proceder entonces a la evaluación.
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@WenceslaoXalapa
