Ley docente y catorce palabras

LEY DOCENTE Y CATORCE PALABRAS

Wenceslao Vargas Márquez

Ante la implementación de reforma educativa apenas dos recientes grietas se han presentado en la visión monolítica que tienen de ella los políticos. Son de los días 29 de junio y 1 de julio. Son la del Grupo Parlamentario del PRD (GP-PRD) y la del gobierno de Nuevo León (G-NL).

No anoto a López Obrador como tercera fisura porque le ha faltado la seriedad que conlleva implicar en su discurso una agenda y un cronograma, con más razón si tiene a su favor una bancada federal de legisladores. No lo hace. López no precisa qué persigue y sólo habla de meras generalidades ante auditorios adictos como con el quinto punto anunciado en su marcha del domingo 26 de junio en la ciudad de México donde la principal televisora privada del país le reconoció haber reunido 50 mil personas. Narra hechos y nada propone sino marchar y marchar, nunca dejar de marchar (http://bit.ly/1XogYHI). En línea recta ya estaría a dos cuadras y media de arribar a Saturno. Sólo él sabe por qué declara y declara y marcha y marcha y no presenta iniciativas de ley que modifiquen lo que pueda estar mal. Es su cálculo presidencial; está bien.

Por el contrario, el GP-PRD (¡vaya!) presenta una iniciativa de ley y el G-NL una mesa de diálogo con un cronograma que empieza el lunes 4 de julio a las once de la mañana. El PRD propuso al Congreso de la Unión el 29 de junio en la “Ley Para el Diálogo y la Construcción de Acuerdos Para la Educación” la creación de una Comisión con cinco diputados, cinco senadores, cinco representantes del Ejecutivo federal, cinco del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y cinco de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Dicha Comisión deberá organizar de inmediato diferentes mecanismos de participación democrática y deliberativa con los diversos sectores de la sociedad a fin de lograr y presentar ante las cámaras del Congreso, en máximo seis meses (diciembre de 2016), una propuesta de reforma integral del sistema educativo nacional. Equivale a corregir su participación en el Pacto por México, una revoltura de catarsis y Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.

El otro caso es el gobierno de NL. El viernes 1 de julio emitió un boletín que incluye un audio de 24 minutos (http://bit.ly/29mbnPz) explicando su interés en revisar la reforma educativa para dar respuesta a la inquietud magisterial de Nuevo León que incluye trabajadores de las dos secciones locales del SNTE.

Estas dos extrañas grietas en la uniformidad política son completadas por posturas que se inclinan por el diálogo y la revisión legal de la reforma educativa por parte de obispos y arzobispos y católicos de a pie. Lona Reyes, obispo de Tehuantepec incluso ofició una misa en el espacio de un bloqueo carretero del magisterio en Juchitán. Se sabe que el primer ministro de Canadá manifestó una postura similar; Jorge Castañeda cada día está menos convencido de las bondades de la reforma. El sindicato de la Normal xalapeña, otro tanto, y el rector de la UNAM y estudioso especialistas de la educación como Manuel Gil Antón o Alberto Arnaud o Díaz Barriga. Ninguna de estas voces hace mella en el gobierno bajo la inexplicable explicación (sic) de que las leyes (esta ley) no pueden modificarse. Increíble.  

¿Por qué habría de modificarse la actual modalidad de evaluación docente?

Lo repetimos: 1) No incorpora el día al día del docente pues fue anulado en noviembre el Informe de Responsabilidades Profesionales que debe validar y firmar el jefe del docente, director o supervisor; 2) No incorpora la observación en el aula que daría sentido a una evaluación adecuada; 3) Plana, no toma en cuenta el contexto regional y sociocultural a que la obliga la misma ley docente en los artículos 14, fracción III y 68 fracción VI; 4) La impulsa y aplica una clase política impresentable que carece de la autoridad moral para decidir y ejecutar ceses docentes mientras crece para el 2018 el voto antisistema con López Obrador a la cabeza, quien se dedica a cosechar sentado (bueno, marchando) todos los errores y abusos de la clase política actual; 5) Un examen de opción múltiples (rellenar bolitas varias horas) no hace una buena evaluación; 6) Redactar, planear didácticamente en línea, contra reloj, una clase, no garantiza que quien acredite el ítem realmente concrete en el aula lo que escribió (se trata de redactar bonito no necesariamente de vincularlo a la realidad); 7) Porque la evaluación no la redacta el INEE (agente gubernamental) sino el Ceneval que es una asociación civil (un puñado de particulares). 

Ni algunas ni todas la herramientas sirven para validar a un buen docente y a sus 10, 20 o 30 o más años de servicio o su idoneidad para el ingreso.

Evaluación sí, pero no así, dicen algunos. El sábado 2 de julio la CNTE (grupo interno del SNTE) dijo que la evaluación docente de ese día se cancelaba en Oaxaca por un acuerdo con Gobernación. ¿Si esto es cierto, por qué no mejor modificar la ley?

Habrá personal docente de sobra para incorporarse a las evaluaciones voluntarias, es definitivo. Unos porque están convencidos de las bondades de la ley, otros porque ven un héroe nacional en la cabeza visible del grupo de la ultraderecha nacional que empuja mediáticamente en favor de la reforma educativa y de sus concomitantes privatizaciones (Escuela al Cien, cuotas de padres, proveedores, etc.), otros porque aspiran legítimamente a la pecuniaria compensación económica del 35 o 24% o los ascensos, otros porque se alinearían a su representaciones sindicales o a su ente patronal, otros porque sí. Habrá quien no desee evaluarse pero sí incorporarse a los cursos de regularización. Las opciones son muchas pero se implica una flexibilidad política que no se asoma.

¿Qué ganamos con que las evaluaciones sean voluntarias? Ganamos quitarle presión al conflicto político, dedicar más presupuesto a las evaluaciones voluntarias, más presupuesto a las evaluaciones obligatorias del nuevo ingreso y al retiro voluntario contemplado en la ley, todo esto cuando apenas ha sido evaluado en 2015 el 10% del personal contemplado en el transitorio 8. Van (fuimos) 150 mil; somos más del millón y medio y no hay dinero. La sensatez ordena reconsiderar ante la falta de recursos (mermado por Brexit, la devaluación, los recortes y el peculado) y ante el problema político. Más dinero per cápita invertido en el proceso de cada docente evaluado sería la recompensa ante la modificación legal.

Ya proponíamos aquí, y repetimos, una propuesta de redacción: Los artículos constitucionales 3, fracción III, y 73, fracción XXV, quedarían (subjuntivo) intactos. La secundaria Ley Docente se modificaría en sólo un transitorio, el octavo, para quedar como sigue. Las cursivas negritas entre paréntesis son las modificaciones propuestas ya intercaladas en trece palabras. Diría:

“Octavo. El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentre en servicio y cuente con Nombramiento Definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados, (optativamente) se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización a que se refiere el Título Segundo, Capítulo VIII de esta Ley. El personal (que haya optado por las evaluaciones y) que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen”.

“El personal que (habiendo optado por las evaluaciones) no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la Ley, será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda”.

Esas son las trece palabras. La catorce es cuándo.

@WenceslaoXalapa